El Caso contra las Agencias Calificadoras
[Extracto]
Michael Hudson Edición de fin de semana: 19-21 de Agosto, 2011
FUENTE: http://www.counterpunch.com/
| En la inminente confrontación de hoy las agencias calificadores están jugando un papel político de matones como porteros del crédito, para presionar a Islandia, Grecia e incluso a USA a perseguir políticas orientadas por los acreedores que inevitablemente conducen a crisis financieras. Esas crisis, a su vez, fuerzan a los gobiernos deudores a malbaratar sus activos en condiciones desventajosas. Al desempeñar este papel de perros guardianes para los banqueros, las agencias calificadoras están intensificando una estrategia política que han ido refinando por más de una generación en la corrupta arena de la política local norteamericana. |
En 1936, como parte de la reforma del New Deal de los mercados financieros, los reguladores prohibieron a los bancos y administradores institucionales de dinero comprar valores juzgados “especulativos” por los “manuales reconocidos de calificación”. Las compañías de seguros, fondos de pensiones y fondos mutuos sujetos a regulación pública son requeridos que “tomen en cuenta” los puntos de vista de las agencias calificadoras de crédito, a las que se les concedió un monopolio sancionado por el gobierno. Estas agencias ganan dinero ofreciendo sus “opiniones” (por las cuáles nunca han tenido que responder legalmente) respecto a las perspectivas de pago de los diversos grados de seguridad, desde la deuda AAA (deuda gubernamental que tiene la mejor calificación porque los gobiernos siempre pueden imprimir dinero para pagarla) hasta las diversas clases de [deuda] basura.
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¿Por qué las agencias calificadoras se oponen a las verificaciones púbicas contra el fraude financiero?
El peligro que presentan las agencias calificadoras al presionar la economía global a la carrera de endeudamiento y privatización recientemente llegó a ser más descarada en su esfuerzo para dar más libertad de acción para la conducta financiera abusiva de parte de los bancos y evaluadores [de riesgo]. El ex-empleado congresional Matt Stoller menciona un ejemplo proporcionado por Josh Rosner y Gretchen Morgenson en Reckless Endangement ([Poner en riesgo por] Imprudencia), respecto al apoyo a los derechos del acreedor para ocuparse en créditos depredadores y absoluto fraude. El 12-Ene-03, el estado de Georgia aprobó fuertes leyes antifraude redactadas por abogados de los consumidores. Cuatro días después, Standard & Poor anunció que si Georgia aprobaba los castigos antifraude para prestamistas y corredores hipotecarios corruptos, los paquetes que incluyeran tales deudas no se les daría calificaciones AAA.
“Debido a la nueva Acta de Justos Préstamos del estado, S&P dijo que ya no permitiría que los préstamos hipotecarios originados en Georgia fueran colocados en valores hipotecarios que ella calificaba. Moody’s y Fitch pronto emitieron advertencias similares.
“Fue un golpe crítico. El movimiento de S&P significó que los acreedores de Georgia no tendían acceso a la máquina aseguradora de dinero; o mantenían los préstamos que hicieron en sus propios libros, o los vendían uno por uno a otras instituciones. A su vez, hicieron claro al público que habría menos hipotecas financiadas, haciendo trizas “el sueño” de poseer una casa”.
El mensaje fue que solamente los préstamos bancarios libres de amenaza legal contra conducta deshonesta serían juzgados legalmente libres_de_riesgo por los compradores de valores respaldados por hipotecas depredadoras o fraudulentas. El riesgo en cuestión era que las agencias estatales reducirían o incluso nulificarían los pagos a ser extraídos por deshonestos corredores de bienes raíces, valuadores y banqueros. Como Rosner y Morgenson lo resumen:
“Standard & Poor’s dijeron que estaban tomando [esa] acción porque la nueva ley creaba un pasivo para cualquier institución que participara en un aseguramiento que incluyera un préstamo que pudiera ser considerado depredador. Si una empresa de Wall Street compraba préstamos que estuvieran en conflicto con la ley y los colocaba en un ensamble de hipotecas, la empresa podría ser responsable bajo la ley. Lo mismo para inversionistas que compraran los ensambles.
“Las partes en aseguramientos, incluyendo depositarios, emisores y administradores, pueden todos estar sujetos a penalidades por violaciones bajo el Acta de Préstamos Justos, de Georgia”, explicó el comunicado de prensa de S&P”.
El razonamiento de las agencias calificadores es que los tenedores de bonos no serán capaces de cobrar si las entidades públicas persiguen el fraude financiero envuelto en agrupar paquetes hipotecarios engañosos y bonos. Es un principio básico de la ley que los receptores u otros compradores de propiedad robada deben perder el derecho y el activo ser devuelto a la víctima. Si perseguir el fraude es una amenaza para el comprador —como un coleccionista de arte que compró una pintura robada debe regresarla haciendo caso omiso de cuánto haya pagado al traficante o al intermediario de arte. Las agencias calificadores no quieren que este principio sea seguido en los mercados financieros.
Hemos caído en un lodazal cuando las agencias calificadores toman la posición de que las hipotecas agrupadas pueden recibir calificación AAA solamente de estados que no protegen a los consumidores y deudores contra el fraude hipotecario y la finanza depredadora. La lógica es que dar a las cortes el derecho de perseguir el fraude amenaza la viabilidad de las reclamaciones del acreedor y apoya una carrera hacia el fondo. Si la honestidad y el crédito viable fueran el objetivo de las agencias calificadoras, darían calificaciones AAA solamente a los estados cuyas cortes disuadieran a los prestamistas de involucrarse en el tipo de fraude que ha terminado destruyendo la juerga de las hipotecas aseguradas desde Sept. 2008. Pero proteger los intereses de los ahorradores o clientes bancarios —y por tanto aun la viabilidad de los paquetes hipotecarios asegurados— no es la tarea que tienen las agencias calificadoras.
Disfrazándose como centros de estudio y organizaciones de investigación objetivas, las agencias calificadoras actúan como cabilderos para los bancos y valuadores/suscripto- res apoyando una competencia hacia el fondo —en deuda, privatización de liquidaciones y una erosión de los derechos de los consumidores y control sobre el fraude. “S&P agresivamente estuvo asesinando la regulación de la administración de las hipotecas”, concluye Stroller. “Naomi Klein escribió acerca de S&P y Moody’s siendo utilizadas por los banqueros canadienses a principios de los 1990s para amenazar degradar al país a menos que el seguro de desempleo y cuidado de la salud fueran reducidos”.
La interrogante básica es que todo lo que interfiera con el arbitrario poder del acreedor para ganar dinero mediante trampas, explotación y fraude descarado, amenaza la cobrabilidad de las reclamaciones. Los bancos y las agencias calificadoras han esgrimido este poder con tal intransigencia que han corrompido el sistema financiero convirtiéndolo en préstamo hipotecario basura, bonos basura para financiar depredadores corporativos y apuestas computarizadas en el “capitalismo de casino”.
¿Cuál es entonces la lógica para dar a estas agencias el monopolio público de imponer sus “opiniones” en representación de los que les pagan, boicoteando las políticas que no le gustan al sector financiero —reglas que los inversionistas institucionales están legalmente obligados a obedecer?
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COMENTARIOS DE REALISMO
Es curioso que en el escándalo de años pasados provocado por las quiebras de Enron (Nov 2001), Tyco (Mar 2004), etc., prácticamente los únicos que sufrieron castigo (bastante justificado, por cierto), hayan sido los auditores externos (Arthur Andersen) y nadie de la SEC (Securities & Exchange Commision) ni ninguna de las calificadoras. Porque tanto la SEC como las calificadoras deberían haberse dado cuenta del estado de estas empresas y de los fraudes que se estaban cometiendo y sin embargo, nadie en la SEC perdió su empleo por ineptitud ni ninguna calificadora fue degradada por no advertir a tiempo.
Y en el “rescate financiero” de fines del 2008 de los principales operadores financieros (Citigroup, AIG, JPMorgan, BofA, Goldman Sachs, Bear Stearns, etc), que costó a los contribuyentes 700 mil mdd, tampoco ninguna calificadora sufrió una rebaja en su “calidad”.
| Y si se les van “rolas” de ese tamaño, ¿cuántas más pequeñas se les irán sin siquiera ser reportadas? |
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